Bogotá. El nuevo ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro suspenderá las extradiciones a Estados Unidos de guerrilleros que negocian la paz y están vinculados con el narcotrá-fico, en medio de un distanciamiento con Washington. En tanto, el mandatario firmó la nueva ley laboral, que comenzará a regir en cuanto sea publicada.

La oposición y expertos critican a Petro por su supuesta falta de mano dura con organizaciones que negocian su desarme, a tres meses de que Estados Unidos decida si renueva la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas.

En ese contexto, Montealegre aseguró que la decisión del gobierno es suspender las extradiciones de capos del narco que participan en dichos diálogos.

El funcionario agregó que ya fueron suspendidas las extradiciones de estas personas, sin especificar nombres. Uno de ellos, señalan medios locales, sería HH, comandante de una facción disidente de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, y el otro, Mocho Olmedo, de un sector discrepante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

A su vez, Petro suscribió esta semana la reforma laboral, convirtiéndola formalmente en ley, tras un proceso legislativo que concluyó con mayorías amplias en ambas cámaras del Congreso: 126 votos a favor y dos en contra en la Cámara de Representantes, y 59 positivos frente a 16 negativos en el Senado.

Asimismo, la Corte Constitucional decidió que el mandatario izquierdista sólo puede ser investigado por la Cámara de Representantes ante las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó al poder en 2022, un fallo que pone fin al proceso en un tribunal electoral.

La decisión, considerada por analistas como un triunfo judicial para Petro, dejó sin efectos un concepto previo de la sala de consulta del Consejo de Estado que había autorizado al Consejo Nacional Electoral para investigar al mandatario en calidad de candidato, y a cuatro dirigentes de su campaña por una presunta violación a los límites de financiación.