Las fuerzas políticas del país difirieron sobre la participación ciudadana en la elección judicial. La oposición calificó el proceso de simulación en la que ni 10 por ciento del electorado votó, mientras el oficialismo lo consideró un éxito, aunque evitó dar cifras y dejó esa tarea al Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde la sede del PAN, Jorge Romero Herrera afirmó que la participación fue mínima y anunció que su partido emprenderá tres acciones, aunque aseguró que no descalificarán a nadie de los que resulten electos jueces, magistrados o ministros.

Presentarán una iniciativa legislativa para revertir la reforma que permite estas elecciones; plantearán en el Congreso la creación de comisiones especiales para investigar y exhibir a candidatos electos con presuntos vínculos con el régimen o el crimen organizado, y evaluarán sobre el cochinero de la elección y llevar el caso ante instancias internacionales.

Estamos convencidos de que ni a 10 por ciento de participación llegó. Y que de verdad, nuevamente lo decimos, que no caigan en la tentación de manipular las cifras desde el oficialismo. Tuvimos como PAN muchos más observadores de los que creen, advirtió.

En contraste, para la dirigencia de Morena, la elección fue histórica, un éxito, pero rechazó referirse a una participación reducida, para que no haya una sanción del INE.

Respecto al llamado que la oposición realizó días antes a no votar, la dirigente del partido, Luisa María Alcalde, sostuvo: “se encueran con este tipo de actitudes. No les gusta la democracia, que el pueblo decida. Es lo que les molesta, y por eso salen a promover que la gente no vote… fue muy importante que la gente saliera a votar y definir el Poder Judicial que quiere”.

En redes sociales, PRI y PAN reiteraron que la baja afluencia prueba la aversión ciudadana. Rubén Moreira afirmó que la abstención es la muestra del rechazo a la farsa y Manuel Añorve ironizó diciendo que en Guerrero salió más gente a comprar bolillos con relleno que a votar.

Del lado de Morena, Ricardo Monreal afirmó que el proceso marca una nueva etapa democrática, donde los juzgadores tendrán legitimidad popular, mientras que Reginaldo Sandoval, del PT, afirmó que es tiempo de que el pueblo mande también en el Poder Judicial.