El gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de que la mayoría de los 238 venezolanos deportados a mediados de marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo, prisión de máxima seguridad en El Salvador, no habían sido condenados por crimen alguno y no había razones para calificarlos de terroristas, revelaron registros del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos recopilados por una investigación de ProPublica.

Los registros del gobierno, obtenidos por ProPublica, The Texas Tribune y periodistas de Venezuela, demuestran que sólo 32 de estos migrantes venezolanos deportados fueron condenados por crímenes en Estados Unidos, en su mayoría no violentos, como hurtos en tiendas o infracciones de tránsito.

La información oficial indica que el gobierno sabía que apenas seis de los migrantes recibieron condenas por crímenes violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión de armas. Y era consciente de que la mitad, o 130 de los deportados, no tenían registros criminales o cargos pendientes en Estados Unidos. Sólo figuran en sus propios archivos como infractores de las leyes de migración.

En cuanto a crímenes en el exterior, nuestra revisión de los registros de la policía y la justicia en Estados Unidos y los países latinoamericanos donde los deportados residieron previamente halló evidencia de arrestos o condenas en sólo 20 de los 238 casos. De ellos, 11 se relacionaban con crímenes violentos como robo a mano armada, asalto o asesinato, incluido el caso de un hombre que el gobierno chileno pidió extraditar de Estados Unidos para juzgarlo por acusaciones de secuestro y drogas. Otros cuatro fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego, señaló la investigación.

ProPublica y el Tribune, junto con los medios venezolanos de la Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News, obtuvieron también listas de presuntos pandilleros utilizadas por las agencias policiales de Venezuela e Interpol que incluyen mil 400 nombres; ninguno de ellos coincide con el de los 238 deportados, indicaron.

Horas antes de que los migrantes fueran subidos en Texas a los aviones que los llevarían a El Salvador, el gobierno justificó su deportación con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, al afirmar, sin prueba alguna, que la pandilla carcelaria Tren de Aragua había invadido Estados Unidos con ayuda del gobierno venezolano.

La Casa Blanca calificó al Tren de Aragua de organización terrorista foránea, y sostuvo que el presidente tenía la autoridad para expulsar a sus miembros y recluirlos indefinidamente en una prisión en el extranjero, donde los deportados han permanecido durante más de dos meses sin posibilidad de comunicarse con sus familias o abogados.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, afirmó que las deportaciones representan una flagrante violación de los más elementales principios del debido proceso. Según las leyes, dijo, un migrante que ha cometido un crimen puede ser acusado y expulsado, pero ello no significa que pueda ser sometido a una potencial condena de por vida en un gulag extranjero, señaló ProPublica.