l 24 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reduce la edad mínima para tener derecho a la pensión por jubilación. Me parece muy necesario puntualizar lo que el documento señala: Se reconoce el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado, que se encuentren dentro del supuesto del artículo décimo transitorio de la Ley del Issste publicada en marzo de 2007.

Lo anterior significa que dejan fuera a la inmensa mayoría de trabajadores estatales, es decir, 2 millones 660 mil del universo total de 3 millones 500 mil, que fueron despojados de un derecho social y forzados por la ley de Calderón a las cuentas individuales por medio de las Afore. Para ellos, la calidad de su vida en retiro no depende de una nueva tabla de jubilación que reduzca la edad mínima para la recibir la pensión, sino de su propio ahorro, luego de la voracidad de los bancos en el cobro de comisiones y los repartos de sus pérdidas entre los cuentahabientes.

Sobre estos trabajadores aforizados, que son los más afectados por la privatización de la seguridad social, se ha desatado el escarnio público, muchas veces a partir de las informaciones sesgadas emitidas desde el gobierno federal, cuya versión oficial argumenta que restituir el sistema solidario y público de las pensiones pone en riesgo los programas sociales y compromete las finanzas de la nación destinadas para temas fundamentales. Sin embargo, no se dice que gran parte del presupuesto nacional tiene tres décadas hipotecado con el rescate bancario, lo que permite a los dueños de las Afore acumular para sí mismos y no para pago de su deuda, miles de millones anuales. ¿Por qué los mexicanos seguimos pagando la deuda con intereses acumulados a un grupo muy reducido de magnates? ¿Para los ricos sí hay dinero, pero no para los trabajadores?

Lo realmente inescrupuloso y abusivo, no son las demandas de los maestros, sino que, estas medidas reciclen fórmulas y argucias priorizando la capitalización de la oligarquía bancaria con dinero público; tal es el caso de lo que se propuso con el decreto del ex presidente López Obrador, con tal de evadir la mina de oro que representa lucrar con los ahorros de los trabajadores; con esta disposición, se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar en 2024. En él no se integran los ahorros de las cuentas individuales para un solo fondo público. Por separado y con recursos estatales se subsidian las ganancias de las Afore a través de medidas compensatorias a las que se puede acceder a partir de los 65 años.

Si los aforizados, tres cuartas partes considerando el total de quienes laboran para el Estado, deberán esperar a esa edad para disponer de un bono adicional para su retiro, que además depende de la disponibilidad presupuestaria y no de un derecho garantizado, la nueva tabla que reduce la edad de jubilación a 55 años para hombres y 53 para mujeres, les es indiferente. Ahora, el decreto oficial no contempló el planteamiento que se hizo a los maestros durante los días de la huelga nacional, sobre aquellos que por errores del sistema ajenos a su voluntad se les incluyó en las cuentas individuales, en el mismo caso están quienes fueron engañados por el SNTE para tomar decisiones mal informadas y que a tiempo solicitaron cambio de régimen, pero les fue negado; para ellos, se dijo, habría posibilidad de corregir con el propósito de que optaran por el décimo transitorio.

La naturaleza administrativa del decreto no representa avances sustanciales en la ampliación de derechos; tan es así que, no forma parte del paquete de reformas a aprobar en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión donde se podrían haber hecho cambios de fondo en el régimen pensionario. Ambas administraciones de la Cuarta Transformación (4T) han optado por agendas legislativas y políticas que replican la crisis de los países progresistas latinoamericanos: centrarse en los reacomodos de la nueva y la vieja clase política en el gobierno; priorizar las hegemonías partidistas de concertación con las derechas que les son funcionales; y, avivar la movilización electoral de la ciudadanía como única forma válida de participación política.

Con retóricas que le dan más sentido al clientelismo social, a la construcción de consenso mediático con la 4T y del pacto con las oligarquías bancarias para no tocar sus intereses económicos, se anuncia una nueva tabla de jubilación por edad y no por años de servicio que sólo aplica para un número reducido de cotizantes a la Ley del Issste que, de forma excepcional, tuvieron la oportunidad de negarse a las Afore privadas.

En la lectura crítica del magisterio no se rechaza que se disminuya la edad de jubilación para las personas del décimo transitorio, pero se repudia la decisión que da la espalda a una demanda justa, el desperdicio de las potencialidades que se tiene como la mayoría legislativa para trastocar las bases estructurales del neoliberalismo que dieron sustento constitucional al desmantelamiento de los derechos fundamentales de los trabajadores.

¡Libertad para el maestro Miguel Ángel Guzmán Michel!, acusado de terrorismo por defender la vida, el territorio y la democratización del SNTE.