Madrid. En uno de los pasos finales para su refrendo definitivo, el Tribunal Constitucional (TC) español avaló ayer la ley general de amnistía impulsada por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, tras un acuerdo con el independentismo catalán, para que apoyaran su investidura en el Parlamento.

La votación del órgano jurídico fue de seis sufragios a favor, cuatro en contra y dos de los magistrados que lo integran decidieron abstenerse porque ya habían defendido de manera pública su rechazo.

Este fallo histórico abre la puerta al regreso definitivo del ex presidente catalán Carles Puigdemont y de otros líderes del proceso de secesión fallido de 2017, que viven fuera del país ante el temor a ser juzgados y detenidos por los tribunales españoles, donde tienen varias causas penales abiertas. La ley borra todos los delitos en los que los líderes y los seguidores del proceso separatista habrían incurrido, entre los que se incluía la sedición, la desobediencia, el desacato y la prevaricación. El único delito que no fue amnistiado ni por la normativa ni por el TC fue el de malversación de caudales públicos, porque habría vulnerado la legislación europea en la materia.

La sentencia determina que conceder una amnistía es compatible con la Constitución, que si bien es una figura excepcional también tiene cabida por razones humanitarias, procesos de reconciliación nacional o necesidades específicas derivadas de acontecimientos políticos o sociales que requieran respuestas extraordinarias del ordenamiento jurídico.

La resolución rechaza el calificativo de autoamnistía, con el que pretendían impedir que saliera adelante la moción y en alusión a que la redacción de la ley se hizo en coordinación con el equipo jurídico del gobierno español con una parte de los propios beneficiados, en concreto con los líderes de Junts per Catalunya y el presidente Puigdemont. Entre las principales reacciones a la sentencia destacaron las del presidente de Cataluña, Salvador Illa, y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quienes pidieron al Tribunal Supremo permitir el regreso al país de Puigdemont y sus ex consejeros sin riesgo a ser detenidos, una vez que este órgano judicial informó quemantenía vigentes las causas contra ellos por malversación.

Mientras, el ex presidente socialista Felipe González, que gobernó el país entre 1982 y 1996, fue muy duro contra la sentencia: No contarán con mi apoyo ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra el estado de derecho, y anunció que en las próximas elecciones no votará por el partido que refundó y dirigió.