Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos permitió ayer al gobierno del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen, levantando por ahora una orden judicial que requería que se les diera la oportunidad de impugnar la medida.

La mayoría del máximo tribunal estadunidense no detalló su razonamiento en la breve orden, como es típico en su expediente de emergencia. Los tres jueces liberales se unieron a una dura disidencia de la jueza Sonia Sotomayor.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, sugirió que las deportaciones a terceros países podrían reanudarse pronto.

Enciendan los aviones de deportación, dijo en un comunicado, al señalar que la decisión representaba una victoria para la seguridad del pueblo estadunidense.

La medida se produjo después de que funcionarios de inmigración subieron a ocho personas en un avión hacia Sudán del Sur, aunque luego lo desviaron a una base naval estadunidense en Yibuti tras la intervención de un juez.

Los migrantes, de países como Myanmar, Vietnam y Cuba, habían sido condenados por delitos graves en Estados Unidos. Los funcionarios de inmigración han dicho que no pudieron devolverlos rápidamente a sus países de origen.

Sus abogados siguieron presionando para que se dictara una orden judicial que bloqueara su expulsión a Sudán del Sur hasta que tuvieran la oportunidad de hablar con abogados y plantear sus temores de encarcelamiento, tortura e incluso muerte allí, escribió la abogada Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance.

El caso surge en medio de una amplia campaña contra la inmigración del gobierno de Trump, quien ha prometido deportar a millones de personas que viven sin papeles en Estados Unidos.

En su disidencia de 19 páginas, Sotomayor escribió que la acción del tribunal expone a miles al riesgo de tortura o muerte y da al gobierno de Trump una victoria a pesar de haber violado anteriormente la orden del tribunal inferior.

La acción de la Suprema Corte detiene una orden emitida por el juez federal de distrito Brian E. Murphy en Boston, quien decidió en abril que las personas deben tener la oportunidad de argumentar que la deportación a un tercer país las pondría en peligro, incluso si ya han agotado sus recursos jurídicos.

El juez determinó que las deportaciones de mayo a Sudán del Sur violaron su orden y dijo a las autoridades de inmigración que permitieran a las personas plantear esas preocupaciones a través de sus abogados. Los funcionarios de inmigración alojaron a los migrantes en un contenedor de envío convertido en Yibuti, donde ellos y los agentes que los custodiaban enfrentaron condiciones difíciles.

Los jueces han enfrentado un problema similar en el esfuerzo de Trump por enviar a venezolanos acusados de ser integrantes de pandillas a una prisión notoria en El Salvador con pocas posibilidades de impugnar las deportaciones en la corte.

Pero en ese caso, los jueces frenaron las deportaciones bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, diciendo que los migrantes deben tener un tiempo razonable para presentar una impugnación judicial antes de ser deportados.

En peligro, casi un milón de personas

Sin embargo, la corte de mayoría conservadora ha apoyado al presidente Trump en otros casos de inmigración, despejando el camino para que su gobierno ponga fin a las protecciones legales temporales, lo que afecta a un total de casi un millón de inmigrantes.

Esas victorias son parte de varios triunfos recientes que el gobierno de Trump ha acumulado ante la corte mientras avanza con su agenda amplia en temas que van desde la prohibición de soldados transgénero en el ejército hasta la reducción dramática de los funcionarios federales.

En tanto, el juez federal que impidió que la administración Trump desmantelara la Voz de América pidió más información al gobierno sobre si está cumpliendo con su orden de preservar el servicio de noticias internacional de 83 años.

Unas mil 400 personas en la Voz de América y la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, u 85 por ciento de su fuerza laboral, han perdido sus empleos desde marzo, dijo Kari Lake, asesora principal de Trump para la agencia. Declaró que era parte de un esfuerzo largamente esperado para desmantelar una burocracia inflada e irresponsable.