Hacinamiento, inseguridad y actos discriminatorios son algunas condiciones que sufre la población migrante en los albergues de la Ciudad de México, por lo que es urgente que el gobierno local debe dar a esas personas una atención integral, respaldada en la Constitución capitalina y la Ley de Interculturalidad a fin de garantizarles derechos en salud, educación, trabajo y vivienda.

La Red de Albergues y Casas del Migrante, integrada por nueve casas de refugio, sostuvo lo anterior al presentar una agenda de incidencia política con el fin de visibilizar los problemas que enfrentan estas instalaciones.

De acuerdo con encuestas levantadas en refugios y casas de migrantes, entre 40 y 50 por ciento de su población quiere regresar a su país, mientras de 30 a 40 por ciento busca quedarse en México. Sin embargo, el proceso que deben realizar para ambas opciones es complejo.

María Silva Rentería, integrante de la red afirmó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está rebasada y el Instituto Nacional de Migración (INM) alarga los trámites para otorgar visas por razones humanitarias.

Asimismo, advirtió que la cancelación del programa CBP One en Estados Unidos ha dejado una mayor presencia de migrantes en situación de calle, además de que se instalen campamentos que no cuentan con atención médica, legal ni de protección.

Por su parte, Gabriela Hernández, directora de Casa Tochán comentó que la capital necesita más organización para resolver los problemas sociales referentes a la migración, la red de albergues otorga facilidades para su inserción en el país, pero los apoyos son insuficientes.

La agrupación advierte en su agenda que alrededor de estos lugares es urgente dar mantenimiento al drenaje, arreglar el alumbrado público, abastecer de agua potable y recolectar la basura, al igual que tener una comunicación cercana y coordinada con las alcaldías como una muestra de voluntad política, pues desde hace ocho años no han retomado el trabajo cercano y de articulación con los albergues.