l 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz participó de una movilización frente al palacio municipal de Asunción Nochixtlán, en Oaxaca, encabezada en aquel entonces por Lizbeth Victoria Huerta, perteneciente al partido gobernante en México, Morena. Junto a otras personas, Claudia exigía la liberación de una persona víctima de detención arbitraria. Al concluir la manifestación, Claudia se retiró hacia su casa, a la que no llegó. En su camino fue privada de la libertad. Desde entonces Claudia se encuentra desaparecida.

En las investigaciones que se realizaron por el delito de desaparición forzada contra Claudia hubo serias deficiencias. Por ejemplo, no se investigó a profundidad su labor como defensora de derechos humanos. En el medio Corriente Alterna, de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, se detalla que “entre abril de 2019 y marzo de 2021, ella –Claudia Uruchurtu– documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales. También simulación de procesos de contraloría ciudadana para ocultar desfalcos al erario; todo por cuenta de la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien ganó las elecciones municipales el 1º de julio de 2018 con la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social”.

En un primer momento se logró la detención de Lizbeth Victoria Huerta presidenta municipal de Nochixtlán como probable autora intelectual de la desaparición y de tres personas servidoras públicas municipales, entre ellas, el director jurídico y su guardia de seguridad personal, señala el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, organización que acompaña a la familia Uruchurtu. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2024, la sala de justicia indígena y quinta sala penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del estado emite nueva resolución, con la que Lizbeth Victoria es sólo sentenciada por obstrucción de justicia, se modifica y reduce la pena y es puesta en libertad de manera inmediata. Las otras personas que estaban presas por el mismo delito no tuvieron igual suerte.

El hecho fue tan preocupante que, apenas un día después de estos sucesos, el 14 de diciembre de 2024, Alejandro Encinas, quien fue subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, escribió en X: Indignante la resolución de Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que modifica la sentencia contra Lizbeth Victoria Huerta, ex presidenta municipal de Nochixtlán por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu en 2021. Obtiene así su libertad por vínculos políticos en un caso emblemático y doloroso de desaparición forzada en contra de una defensora, otorgándole impunidad. No hay que dejar de mencionar que entre las personas integrantes del tribunal que modificó la sentencia contra Lizbeth Victoria, estaba Margarita Leonor Gopar Pérez, quien colaboró en la consejería jurídica del gobernador Salomón Jara, y que este último ha mencionado en diferentes ocasiones su amistad con Lizbeth ­Victoria.

En Oaxaca también, pero en la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, entre el 20 y 22 de junio se realizó la primera misión de observación, documentación y exigencia del alto a la criminalización y ecocidio en la Sierra Mazateca. La misión tiene entre sus objetivos ayudar a visibilizar el recrudecimiento de violencia de Estado en la región, luego de que el Poder Judicial de Oaxaca confirmó la existencia de más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas de Eloxochitlán. La información fue corroborada por una comisión de mujeres mazatecas que se mantuvo en plantón permanente durante 18 días frente a los juzgados federales de Boca del Río, Veracruz, donde promovieron el juicio de amparo 432/2025, mediante el cual confirmaron la emisión de las órdenes de aprehensión contra las 56 personas defensoras cuyos expedientes se encuentran radicados en el penal 04/2024 de la segunda sala penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, relacionado con la causa penal 16/2016 del juzgado mixto de Huautla de Jiménez, Oaxaca, señala la secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos.

Desde 2011, la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón resiste ante la sistemática violencia y criminalización por distintos niveles del Estado mexicano. Como resultado de su batalla, más de 40 personas defensoras de la comunidad han sido encarceladas, y muchas fueron desplazadas. La nueva ola de criminalización que vive la comunidad es en represalia a la defensa del territorio que realizan, en particular su lucha contra la explotación de piedra en el río Xanga Ndá Ge y contra minas de material pétreo a cielo abierto.

En Oaxaca, los tribunales de justicia garantizan la impunidad frente a crímenes de Estado y coadyuvan a la persecución contra personas defensoras del territorio.

*Sociólogo. @RaulRomero_mx