uando el anterior presidente de la república estableció que era más importante la lealtad política que la capacidad para desempeñar el trabajo público, trivializó la función burocrática, pero también trivializó la importancia del estudio, la capacitación, el esfuerzo sostenido y el desempeño: lo único definitorio es la lealtad política. Atacó las resoluciones judiciales que le causaron molestias, aunque fueran transitorias: los proyectos mayores de esa administración siguieron su curso. Muestras emblemáticas de lealtad política y de un proyecto partidista que triunfa en el discurso.

Con la elección judicial se trivializó la carrera judicial, el esfuerzo sostenido que ser titular de un órgano judicial significa y el servicio de impartición de justicia. De los 500 jueces y magistrados jubilados el año pasado, hubo quien dejó el juzgado con cero pendientes en todos los rubros. No importó. Se le dio el mismo trato que quien dejó décadas de rezago.

El nivel de las campañas trivializó el acceso judicial. Lo importante era conectar con el electorado que no fue instruido mediante acordeones o coaccionado de distintas formas, algunas violentas: bailes y apodos fueron cotidianos. No hizo falta saber derecho, sólo mercadotecnia. Incluso dentro de los candidatos afines al partido había personas más preparadas que varios de los que llegaron a la suprema corte: les faltó más cercanía con los grupos del poder. Los apodos que seguirán a varios ministros los hacen personajes populares, de fácil identificación para la ciudadanía, pero no los muestran como juristas conocedores de la complejidad técnica en los asuntos que se ven en la corte. Trivializar el contenido jurídico facilita el análisis político de los asuntos: no importa lo que digan las leyes, se resolverá según el interés político, nombrado como interés público en la constitución federal. El cambio de paradigma está establecido.

Ni siquiera el cumplimiento de las promesas derivadas de la supuesta causa para la reforma judicial, erradicar la corrupción de jueces y ministros, se cumplirá en el tema de los salarios y las prestaciones. Los próximos ministros ganarán más que la presidenta de la república y seguirán teniendo asesores para que trabajen en los miles de asuntos que recibirán al entrar a la función, mientras los nuevos ministros gozan del chofer, vehículo, comidas pagadas y demás prestaciones que los llevarán a constituir la nueva casta dorada de la burocracia, pero afines al partido. Será la misma corrupción salarial de los anteriores ministros, con el beneficio de que el conocimiento jurídico ya no importa. Quienes presidirán la corte durante los siguientes años son conocedores del manejo publicitario que la política requiere. La distracción derivada del uso de una indumentaria diversa a la toga eclipsa los planteamientos sustanciales del primer presidente nominalmente electo. El mínimo porcentaje del padrón en la votación obtenida evidencia que a la mayoría no le interesó la elección judicial; los publicistas que convierten los pocos sufragios en altos porcentajes de aceptación partidista son quienes pronto convertirán en confrontación política la mínima productividad de los futuros juzgadores.