Luego de 32 años de rezagos en el campo provocados por el neoliberalismo, la Procuraduría Agraria (PA) presentó ayer su nuevo programa estratégico, dentro de su actual marco organizacional, para ofrecer acompañamiento directo, jurídico y técnico a los 32 mil 500 ejidos existentes en el país frente a los conflictos o necesidades territoriales que persisten en la actualidad.

En conferencia de prensa, Víctor Suárez, titular de la PA, indicó que a nivel nacional hay de 35 a 40 focos rojos sobre conflictos agrarios a nivel nacional, de los cuales 15 están en Oaxaca, para ser resueltos. Durante su presentación, expuso los casos en los ejidos de Corcovada, en San Luis Potosí; Carrizalillo, en Guerrero, y Buenavista, en Tabasco, entre otros.

De los 32 mil 500 ejidos, aseguró que están habitados por 25 millones de personas –que suman a campesinos, pueblos originarios y comunidades afromexicanas– en todo el territorio nacional que deben ser atendidos de manera jurídica y legal. Precisó que existen 5.5 millones de titulares de derechos agrarios a nivel nacional, compuestos por 4.5 millones de ejidatarios y comunidades y un millón que son posesionarios y avencidados.

De acuerdo con el reglamento interno, publicado el 2 de abril pasado, se buscará como misión central crear la Coordinación General de Organización y Desarrollo Agrario, que será dirigida por María de la Luz Rodríguez. Apuntó que se hará la figura de organizadores agrarios en sustitución de los licitadores, cuya misión será vincularse de manera permanente con las comunidades en la toma de decisiones.

Centros de atención

Indicó que se concretarán mil centros de atención agraria y la conversión de 804 visitadores en organizadores agrarios, promotores de gobernabilidad, planeación participativa y defensa de derechos colectivos con reuniones mensuales. También se contempla la aplicación del nuevo servicio jurídico agrario, con uso de inteligencia artificial, formación de mil jóvenes auxiliares y fortalecimiento de la capacitación, además de la actualización de 250 abogados agrarios.

Además, se va a impulsar la creación de un Centro Nacional de Justicia Alternativa Agraria con la finalidad de atender problemáticas judicializadas específicas con procesos conciliatorios y que no sean canalizadas a instancias donde no se tiene facultades para resolverlas, como los tribunales agrarios.

También se aplica la digitalización y simplificación de servicios, que reducirá de 32 a 13 trámites, además de buscar la meta de cero corrupción para 2030, puntualizó Suárez.