egún el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hay un par de noticias: una, que serán los consumidores estadunidenses quienes paguen el costo por gravar las remesas de los paisanos y demás migrantes, y, dos, que para evitar que la Casa Blanca imponga un impuesto a ese tipo de envíos monetarios (que viola el acuerdo bilateral que evita la doble tributación), el gobierno mexicano presentará a su homólogo buenos argumentos para evitarlo. Bien, pero ¿de cuándo a acá los buenos argumentos y las buenas razones son útiles en las negociaciones con los siempre autoritarios gringos?, amén de que, de aplicarse la citada carga, las familias receptoras en México y el resto del mundo verán mermados los fondos que reciben.

En los hechos, el panorama resulta más complicado que la versión superflua de Ebrard, porque al final de cuentas la amenaza de Donald Trump no es una mera decisión económica disfrazada de disposición fiscal, sino otra descarada medida de presión política en su intento por doblegar al gobierno mexicano. Y que, por segunda ocasión, un séquito de senadores se apersone en Washington para convencer a los legisladores estadunidenses de que no aprueben dicha tarifa no cambia absolutamente nada, toda vez que el salvaje de la Casa Blanca es una aceitada máquina de hacer y decir estupideces.

El otro lado de la moneda lo documenta el Banco Mundial –institución que se enfoca en América Latina y el Caribe–, de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes: a mediano plazo, las deportaciones anunciadas por varios países (Estados Unido en primer lugar) requerirán integrar a los migrantes que regresan a los mercados laborales de sus respectivas naciones.

Las más estrictas normas migratorias estadunidenses han redirigido los flujos migratorios hacia América Latina y el Caribe: aproximadamente 20 por ciento de los nuevos migrantes se dirige a Estados Unidos, 61 por ciento a países de la propia región y el resto a partes de Europa. Con todo, Estados Unidos sigue concentrando la mayor proporción del total de migrantes latinoamericanos y caribeños, con 55 por ciento por ciento del total (menor al 68 por ciento de hace una década).

La migración venezolana es la fuente de 57 por ciento del total de flujos migratorios desde América Latina y el Caribe, mientras desde México han pasado a ser negativos en la última década. Debido a la expansión general de la migración, incluso con las tasas históricamente altas de deportación en el periodo 2021-2022, los flujos netos hacia Estados Unidos siguen siendo positivos. El flujo de remesas sigue siendo elevado en algunos países de la región, en los que se observará una desaceleración del crecimiento económico, sino es que una caída sostenida en algunos de ellos, pues dependen de esos recursos en gran medida.

Las deportaciones a países de ALC desde Estados Unidos han aumentado en los últimos años y se espera que se aceleren a partir de 2025. Además, la región ha accedido a recibir repatriaciones y flujos extrarregionales. Antes del presente año, México, Guatemala y Haití registraban las cifras más altas de retornados, pero los aumentos más drásticos se han registrado en Colombia y Ecuador, con un crecimiento de 369.5 y 366.1 por ciento, respectivamente. En comparación con 2019. Con todo, la migración neta a Estados Unidos sigue siendo positiva.

El aumento en el flujo de repatriados es un desafío: en primer lugar, se ha visto acompañado de una mayor vulnerabilidad, pues varios países latinoamericanos y caribeños denuncian que una proporción significativa de los deportados son menores de edad y/o necesitan servicios estatales. Además, es probable que su reintegración sea difícil, pues retornan a naciones sin arraigo, trabajo ni relaciones, por lo que es probable que vuelvan a migrar. Además, corren el riesgo de que las deportaciones estadunidenses aumenten sustancialmente, con lo que tendrían que reubicarse en otras naciones regionales.

Entonces, el problema no se limita a si los consumidores gringos pagarán o no el impuesto a las remesas.

Las rebanadas del pastel

¡Qué lástima! ¡Tan queridos y respetados que son!: los siete ministros disidentes de la reforma judicial no participarán con su voto en la elección extraordinaria del próximo domingo ( La Jornada, Iván Evair Saldaña). Se trata del cártel de la toga: Norma Piña, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Así es: no lo harán; para qué, si ya cobraron sus generosos haberes de retiro.

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